Soberanía financiera: El fin del veto al Estado mexicano

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desatado, como era de esperarse, una oleada de críticas que buscan presentar una herramienta de seguridad nacional como un acto de autoritarismo. Bajo etiquetas de “golpe al debido proceso”, la oposición intenta ocultar una realidad que resultaba humillante para el país: la parálisis deliberada de nuestras instituciones frente a la delincuencia financiera.

1. El fin de la tutela extranjera

Durante años, se impuso un criterio absurdo: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo podía congelar cuentas si se lo pedía una agencia extranjera. Es decir, México solo podía defender su sistema bancario si el FBI o la Interpol daban la orden. Validar que la UIF actúe por iniciativa propia ante indicios de ilícitos no es “discrecionalidad”, es soberanía. Un país que depende de permisos externos para combatir el lavado de dinero es un país con las manos atadas.

2. Medida preventiva, no condena

La narrativa del “miedo” sugiere que el Estado podrá confiscar dinero a su antojo. Es falso. El bloqueo de cuentas es una medida administrativa y cautelar, similar a cualquier otra suspensión preventiva mientras se realiza una investigación.

• El dinero no se pierde; se inmoviliza para evitar que los capitales de dudosa procedencia se esfumen antes de que la justicia actúe.
• El afectado mantiene intacto su derecho de audiencia y puede acudir a los tribunales para demostrar la licitud de sus fondos.

3. Eficiencia contra impunidad

Exigir una orden judicial previa para un bloqueo preventivo en la era de las transferencias instantáneas es, en los hechos, una invitación a la impunidad. Para cuando un juez emitiera una orden, los recursos habrían cruzado tres paraísos fiscales. La Corte ha entendido que la velocidad del delito financiero exige una capacidad de respuesta equivalente por parte del Estado.

4. La seguridad como prioridad

Fortalecer a la UIF es fortalecer la capacidad del Estado para asfixiar las estructuras económicas del crimen. Quienes hoy gritan “persecución” suelen ser los mismos que se beneficiaron de un sistema diseñado para la opacidad. No se trata de un ataque a la propiedad privada, sino de la protección del sistema financiero en su conjunto.

El Estado mexicano ha recuperado una facultad que nunca debió serle negada: la de investigar y actuar en casa, con sus propias herramientas y bajo sus propias leyes.